Cuando una persona toma conocimiento de que existe una denuncia penal en su contra, ello suele impactar profundamente su vida cotidiana, generando conflictos en los ámbitos familiar, social y laboral. Es común que experimente sentimientos de confusión, desesperación y ansiedad, así como un deseo urgente de que esta circunstancia se resuelva lo antes posible.
En este contexto, resulta fundamental comprender la importancia de actuar con calma y con el debido asesoramiento jurídico, ya que esto puede definir el rumbo del caso. Este artículo aborda los pasos iniciales, derechos operativos y estrategias probatorias sobre las cuales conviene comenzar a trabajar de inmediato.
Garantías esenciales
La implementación de sistemas procesales de corte acusatorio (como los vigentes en las provincias de Río Negro y Neuquén, a los que se suma la reciente implementación en la región del Código Procesal Penal Federal), destacan la importancia del imputado como sujeto esencial del proceso.
Es imputado quien prima facie es acusado de haber cometido un hecho típico reprimido penalmente. Se trata de una mera situación procesal que le otorga a la persona una serie de facultades y derechos, y no implica que ese individuo sea autor, coautor o partícipe del delito que es investigado, lo que deberá demostrarse por parte de quien ejerce el rol acusador, derribando así el principio de inocencia.
Los derechos procesales del imputado se fundamentan en el principio constitucional de defensa en juicio. Este principio otorga al acusado la titularidad plena del derecho de defensa, el cual se materializa a través de diversas garantías específicas, entre las que se incluyen el derecho a declarar o abstenerse de hacerlo, la facultad de producir prueba de descargo, la posibilidad de interponer recursos y realizar actos procesales pertinentes, y fundamentalmente, el derecho a contar con asistencia letrada especializada.
La garantía del debido proceso exige que todo procedimiento penal cuente con mecanismos efectivos de defensa que aseguren la legitimidad del sistema de justicia y el respeto de los derechos fundamentales del justiciable. Un proceso que carezca de garantías defensivas adecuadas resulta incompatible con los principios del Estado de Derecho.
El derecho a ser informado
Toda persona denunciada tiene derecho a conocer, de forma clara y precisa, cuáles son los hechos que se le atribuyen y quién los denuncia.
Este primer acceso a la información es indispensable para diseñar una estrategia de defensa efectiva y ejercer el contradictorio propio de los sistemas acusatorios, siempre dentro de un marco de debido proceso.
Entonces, ¿en qué oportunidad el imputado tiene derecho a ser informado? inmediatamente después de haber tomado conocimiento de la existencia de un proceso en su contra. Esperar a que sea la acusación quien notifique al imputado de la sustanciación del proceso puede conllevar la demora del inicio de la actividad defensista, a la pérdida de evidencia importante que no podrá ser recuperada con posterioridad y al desarrollo de las primeras diligencias de la investigación sin el debido control de la defensa técnica.
Evitar actuaciones impulsivas
Una respuesta precipitada, como contactar a la persona denunciante o testigos, intentar explicar los hechos directamente a terceros o autoridades sin la asistencia adecuada, puede generar consecuencias negativas para la posición procesal del imputado. La prudencia en esta etapa es clave.
Es importante destacar que si la persona denunciada o testigos se sienten intimidados ante el contacto por parte del imputado o de algún allegado a este, la acusación podrá solicitar ante un juez de garantías la aplicación de medidas cautelares, incluso, la prisión preventiva, con la finalidad de asegurar un correcto desarrollo de la investigación. En épocas como estas donde la conectividad y la informatización atraviesan nuestras vidas cotidianas, una simple captura de pantalla de una red social en la que el imputado haya realizado una manifestación o de una conversación que haya mantenido con el denunciante, puede marcar la diferencia entre afrontar el proceso en libertad o en prisión preventiva.
Intervención temprana de la defensa técnica
La intervención de un abogado desde el inicio del proceso es fundamental. Esto permitirá un debido control de la legalidad del proceso y un correcto control de la actividad de la acusación (allanamientos, anticipos jurisdiccionales de prueba, medidas de investigación, etc.).
Tomar conocimiento de la información obrante en el legajo de la acusación, permitirá conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho por el que se lo acusa y cuál es la evidencia en cual se sustenta dicha acusación. Además, saber quién es la persona que realizó la denuncia, podría ser determinante en caso de que existieran conflictos anteriores o motivaciones que la lleven a efectuar una falsa denuncia o una tergiversación de sus dichos (venganza, problemas familiares, conflictos patrimoniales, entre otras).
Una defensa correctamente planteada desde el inicio puede lograr que el Ministerio Público cierre la causa, archive la denuncia o solicite el sobreseimiento cuando se evidencia la inexistencia de delito o de responsabilidad penal.
La estrategia probatoria: no esperar al juicio
Los sistemas de corte acusatorio requieren de una actividad proactiva de las defensas técnicas. Aun hoy, es común encontrarnos con casos es los que se arriba a la etapa intermedia con defensas que no presentan siquiera una prueba en favor de su asistido. Este tipo de situaciones responden a viejos resabios de los antiguos sistemas procesales, en donde estas ejercían un rol pasivo de mero control de la actividad del fiscal o del juez de instrucción, quienes tenían a su cargo el desarrollo de la investigación.
A diferencia de la acusación, quien tiene la obligación legal de informar de todo resultado que obtenga de sus medidas de investigación, la defensa no está obligada a mostrar el resultado de las suyas, pudiendo descartar aquellas que no le favorezcan.
Será una decisión estratégica elegir el momento adecuado para presentar aquella evidencia que se considere de interés. La valoración de esos elementos por parte de la fiscalía puede modificar sustancialmente el rumbo del proceso, permitiendo incluso su finalización anticipada.
Consideraciones finales
Frente a una denuncia penal, lo más importante es actuar con rapidez, prudencia y respaldo jurídico. Una estrategia temprana y bien diseñada no solo protege los derechos fundamentales de la persona imputada, sino que puede evitar el avance innecesario de un proceso penal.
La clave reside en comprender que el proceso es una contienda dialéctica en donde se enfrentan posturas contrapuestas. La tutela judicial efectiva debe encontrar su límite en el sistema de garantías propio de toda persona que es sometida a un proceso penal, y es allí donde la actividad de la defensa técnica encuentra su rol fundamental. Ejercer los derechos de forma activa y temprana no solo sirve para ello, sino que es una vía efectiva para desactivar procesos judiciales innecesarios que no hacen más que perjudicar la vida de la persona acusada y de todo su grupo de contención, y desvían los recursos estatales de aquellos conflictos en los que necesariamente debe intervenir y desactivar.